Un tema que ha generado una ola de entusiasmo entre la comunidad Fintech en México es la aprobación de la Ley Fintech, y es que nuestro país ha dado un paso gigantesco en materia de innovación e inclusión financiera con la aprobación de dicha ley.
Esto marca un precedente para la regulación de las empresas de tecnología financiera con el fin de dar certeza legal sobre sus operaciones, al mismo tiempo que fomenta la inclusión de nuevos modelos de negocio mediante el llamado Sand Box.
Si aún no te has empapado de lo que esta ley mexicana plantea, te presentamos aquí cinco puntos imprescindibles para comprender lo que la Ley Fintech representa:
La aprobación de esta ley permite a los usuarios de servicios financieros ofertados por compañías Fintech, tener certeza jurídica que respalde las operaciones de dichos servicios. En otras palabras, da el espaldarazo para que las empresas puedan comunicar una imagen mucho más sólida, segura y beneficiosa hacia sus clientes y usuarios potenciales.
La versión actual de la Ley Fintech sufrirá de grandes cambios en los próximos años, ya que se irá ajustando a las necesidades de la industria. Gracias al modelo Sandbox que plantea, cuando surja una compañía con un modelo de negocios no contemplado por la versión actual de la ley, se le permitirá operar mientras se estudia para integrarla a la regulación según los resultados que arroje.
El corwdfunding, las criptomonedas, el uso de API’s de instituciones financieras y el modelo sandbox, son los cuatro ejes principales que ahora son regulados por la Ley Fintech. Sin embargo, es muy probable que se amplíen los marcos normativos actuales de acuerdo con la evolución natural de las instituciones de Tecnología Financiera.
Con el reconocimiento como activos virtuales para las Criptomonedas, ahora el Banco de México establece bajo diversos criterios, cuáles son las Criptomonedas que pueden operar en México.
Siguiendo la filosofía de que las empresas Fintech deben ofertar servicios seguros para sus usuarios, ahora la ley establece que las compañías de fondos de pagos electrónicos deben validar con terceros independientes que sus procesos cumplen con las medidas de seguridad estipuladas.